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Los Vicios Ocultos en los Contratos y la doctrina Aliud Pro Alio

El mercado de productos de ocasión y de segunda mano se encuentran actualmente al alza. La accesibilidad y facilidad de disposición que proporcionan las cada vez más numerosas aplicaciones de compraventa, unida a la grave crisis mundial de semiconductores del mercado asiático, que afecta y frena la producción electrónica, entre ellos la industria del automóvil, ha propiciado una fuerte demanda de bienes usados y semi-nuevos. 

Ante esta fuerte tendencia son muy comunes, por desgracia, la existencia de los llamados VICIOS OCULTOS, defectos que al principio pasan desapercibidos para los compradores, pero que poco tiempo después terminan apareciendo, acarreando una sensación de estafa, injusticia y zozobra, que afortunadamente tienen remedio. Son numerosos los casos de VICIOS OCULTOS que hemos tenido que combatir en este Despacho, por eso os explicamos en qué consiste, su regulación legal, y la forma de actuar en cada caso concreto.

La responsabilidad por vicios ocultos es denominada por nuestro Código civil como “saneamiento”, y se encuentra regulada en los artículos 1.484 y siguientes del texto legal. 

El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella”.

Tal obligación surge, como sintetiza la sentencia de la Audiencia Provincial Civil de Madrid, Sección 21, de 12 de noviembre de 2013 (Recurso: 632/2012), «cuando la cosa entregada por el vendedor al comprador, en cumplimiento de la obligación asumida en el contrato de compraventa, tuviese algún defecto oculto que la haga impropia para el uso a que se la destina o disminuya de tal modo este uso que, de haberlo conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella». 

Como arma, para hacer efectiva esta obligación, el comprador tiene a su disposición, frente al vendedor, las llamadas acciones edilicias, pudiendo optar entre desistir del contrato, abonándosele los gastos que pagó (acción redhibitoria), o rebajar una cantidad proporcional del precio (acción estimatoria o quanti minoris), como se proclama en el artículo 1.486 del Código Civil ». 

En cualquier caso, cabe destacar que el vicio oculto de la cosa vendida, para que surja en el comprador la facultad de desistir del contrato o de solicitar una rebaja del precio, ha de ser de cierta magnitud. ¿Y como fijamos dicha magnitud? Siguiendo el criterio del vicio de voluntad, y acudiendo a la conducta del comprador: ”si disminuye de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella“.

Hay que destacar igualmente que el vendedor responderá al comprador del saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida aunque los ignore.

Conviene resaltar un elemento de suma importancia para el ejercicio de estas acciones edilicias, y es la cuestión del plazo; en este sentido tanto la redhibitoria como la estimatoria o quanti minoris, dispone el artículo 1.490 del Código Civil, se extinguirán a los SEIS MESES, contados desde la entrega de la cosa vendida. 

Se establece un plazo para el ejercicio de estas acciones, siendo doctrina jurisprudencial constante y reiterada que, este plazo no es de prescripción sino de caducidad (Ss. T.S. de 9 de noviembre de 1990, 6 de abril de 1989, y 12 de marzo de 1982). 

Así mismo, resumiendo y sistematizando la doctrina de los preceptos del Código Civil y la Jurisprudencia, relativos al saneamiento por vicios ocultos de la cosa vendida, se pueden establecer estos principios: a) que el vicio consiste en un anomalía por la cual se distingue la cosa que lo padece de las de su misma especia y calidad; b) que es preciso que el vicio sea anterior a la venta aunque su desarrollo sea posterior; c) que es preciso que el vicio no fuera conocido por el adquiriente, ni cognoscible por la simple contemplación de la cosa teniendo en cuenta la preparación técnica del sujeto al efecto; d) que ha de ser de tal naturaleza que haga la cosa impropia para el uso a la que la destina o disminuya de tal modo ese uso, que de haberlo conocido el comprador no lo hubiera adquirido o habría dado menosprecio, es decir, que no se trata de que sea inútil para todo su uso, sino para aquél que motivo su adquisición, si nada se hubiere pactado sobre el destino, debiendo entenderse que la cosa fue comprada para aplicarla al uso más conforme con su naturaleza.

En este mismo sentidola Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, refuerza lo antedicho, y estipula para el caso de garantías de los productos de consumo lo siguiente: 

A) que según el artículo 114, el vendedor responde frente al comprador de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto. 

B) Que en este caso, el producto no presenta los requisitos de conformidad del artículo 116, no reúne las cualidades mostradas al comprador, no es apto para el uso al que se destina y no presenta la calidad y prestaciones habituales de un producto del mismo tipo que el consumidor y usuario pueda fundadamente esperar, habida cuenta de la naturaleza del producto. Teniendo plazo para ello en el caso de productos de segunda mano, un plazo no inferior a un año desde la entrega.

C) Que el consumidor y usuario tiene derecho a la reparación del producto, a su sustitución, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de acuerdo con lo previsto los artículos 118 y siguientes de la mencionada ley.

¿Es posible reclamar este tipo de “vicios” una vez transcurridos 6 meses desde la adquisición? La respuesta es sí, pero con matices. Lo que queremos decir con esto es si bien la acción para reclamar los vicios ocultos caduca a los seis meses existen otro tipo de acciones, como la acción de nulidad del contrato por vicio en el consentimiento o la llamada doctrina de aliud pro alio, que pasamos a explicar muy brevemente.

Establece el artículo 1.261 CC que: “No hay contrato sin Consentimiento de los contratantes” 

Dicho lo anterior, independientemente de todo lo alegado con respecto a los vicios ocultos, será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo

Cierto es que para que el vicio invalide el consentimiento, tiene que ser de peso (a juicio de su Señoría), en el caso del error se ha de tratar de error excusable, es decir, aquél que no se pueda atribuir a negligencia de la parte que lo alega, ya que el error inexcusable no es susceptible de dar lugar a la nulidad solicitada por no afectar el consentimiento.

Los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1.261 pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley.

El plazo para esta acción de nulidad de los contratos es de 4 años.

En cuanto a la doctrina del «aliud pro alio» consiste en la entrega de cosa diversa («aliud pro alio»), es decir, entrega de una “cosa diferente a lo pactado”; o lo que comúnmente se conoce como “dar gato por liebre”. 

En este caso, con la entrega de un bien diferente, se produce un incumplimiento sustancial, no prestacional, del contrato. 

En este sentido, afirma la Sentencia de nuestro Tribunal Supremo núm. 325/2017 de 24 mayo que: 

Se da la situación de entrega de cosa distinta o «aliud pro alio» cuando es tal la diferencia e inadecuación de lo entregado a lo efectivamente pactado que viene a equivaler a la entrega de una cosa distinta y determina un incumplimiento tal que permite a la parte perjudicada optar por la resolución del contrato. 

En los casos de Aliud Pro Alio existe pleno incumplimiento del contrato, por inhabilidad del objeto vendido para cumplir la finalidad para la que se vendió, y que consiguientemente produce la insatisfacción del comprador, permitiendo en estos casos acudir a la protección que dispensan los artículos 1101 y 1124 del Código civil, con un plazo de nuevamente 4 años para ejercitar la acción.  

Por su parte, y al igual que ocurre con los vicios ocultos, la Ley General para la Defensa de los consumidores y usuarios dispone que el vendedor está obligado a entregar al consumidor y usuario productos que sean conformes con el contrato, respondiendo frente a él de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto, teniendo Derecho a la reparación del producto, a su sustitución, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato.

Esperamos que el artículo hay sido de vuestro agrado. Desde el Despacho Zanca, Lora Bufete de Abogados intentamos acercaros el mundo del Derecho, y nos ponemos a vuestra disposición para cualquier consulta o duda que tengáis respecto a los vicios ocultos u otras cuestiones de nuestra competencia. Recordad sed precavidos a la hora de formalizar cualquier tipo de contrato, asesoraros de un profesional o perito especializado, en su caso.

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